Prohibición del celular en colegios: qué dice la normativa y cómo gestionar el uso en el aula

Ante la ausencia de una normativa nacional unificada, las provincias comenzaron a avanzar con regulaciones propias sobre el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas. Si bien el objetivo común es favorecer la concentración, la convivencia y el aprendizaje, las medidas adoptadas difieren entre las distintas jurisdicciones.

Actualmente, pueden identificarse tres enfoques.

1. Prohibición estricta y restricción total por nivel educativo 

La mayoría de las provincias optó por restringir el uso de celulares durante la jornada escolar, permitiéndolos únicamente cuando existe una finalidad pedagógica o una situación excepcional.

Provincia de Buenos Aires: desde el ciclo lectivo 2026 rige la Ley 15.534, que prohíbe el uso de celulares y pantallas en las escuelas primarias. La única excepción es cuando el dispositivo es requerido por el docente con un propósito estrictamente pedagógico.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: mediante la Resolución 2026-258-GCABA-MEDGC se implementaron aulas "libres de celulares". En los niveles inicial y primario la prohibición es total, incluso durante los recreos, mientras que en secundaria se restringe durante el tiempo de enseñanza.

Catamarca: la Resolución Nº 621/2022 prohíbe el uso de celulares en todos los niveles educativos, salvo excepciones debidamente justificadas por razones pedagógicas o de emergencia.

Santa Fe: la Ley Nº 12.686 prohíbe el uso de teléfonos celulares durante las clases en los niveles inicial y primario. En secundaria pueden utilizarse únicamente con fines pedagógicos.

Formosa: la Ley Nº 1748 establece la prohibición del uso de celulares durante toda la jornada escolar en los niveles inicial y primario, salvo situaciones vinculadas con la salud. En secundaria solo se autorizan como parte de actividades pedagógicas planificadas.

Neuquén: la Ley Nº 3520 prohíbe el uso de celulares en inicial y primaria, permitiéndose excepcionalmente en secundaria con fines educativos. Además, la provincia implementó el bloqueo del acceso a redes sociales y sitios no educativos dentro de las escuelas.

La Pampa: la Resolución Nº 77/26 establece un esquema similar: prohibición en inicial y primaria y uso excepcional en secundaria con objetivos pedagógicos.

Corrientes: la Ley Nº 5873 dispone que los dispositivos permanezcan apagados durante las clases en todos los niveles y modalidades, habilitando su utilización únicamente durante recreos, horas libres y los momentos de ingreso y egreso.

Salta: la Ley Nº 8474 prohíbe el uso de celulares en el nivel inicial. En primaria solo pueden utilizarse desde sexto grado, con autorización familiar, planificación institucional y fines pedagógicos. En secundaria también se limitan exclusivamente a actividades educativas y no pueden utilizarse durante los recreos.

2. Regulaciones flexibles y autonomía según el acuerdo institucional 

Algunas jurisdicciones delegan en cada institución la definición de sus propias políticas de uso.

Tucumán: la Ley Nº 9.852 permite el uso de dispositivos únicamente con fines pedagógicos o por razones de salud y discapacidad, dejando el nivel de restricción a criterio de cada establecimiento educativo.

Córdoba: el Ministerio de Educación elaboró lineamientos para que cada escuela establezca sus propias normas dentro de los Acuerdos Escolares de Convivencia. Actualmente, nueve de cada diez escuelas cordobesas ya cuentan con reglamentaciones propias orientadas al uso responsable y pedagógico de los dispositivos.

3. Integración pedagógica y promoción de la tecnología en el aula 

En contraste con la tendencia restrictiva, algunas provincias priorizan la integración de los dispositivos digitales como herramientas de enseñanza.

Mendoza: mediante la Ley Nº 9611 (2025), autorizó expresamente el uso de dispositivos móviles en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, siempre que formen parte de actividades pedagógicas supervisadas por el docente.

Misiones: mantiene un enfoque basado en la Ley de Educación Disruptiva, promoviendo el uso responsable de las tecnologías digitales. Aunque no existe una prohibición provincial, algunas instituciones comenzaron a implementar restricciones propias.

Provincias con proyectos en debate: ¿qué jurisdicciones evalúan regular el celular? 

Por último, otras jurisdicciones todavía no cuentan con una normativa vigente, aunque ya analizan proyectos para regular el uso de celulares en las aulas. Entre ellas se encuentran Entre Ríos, Chubut, Río Negro, La Rioja, Chaco y Jujuy, donde las legislaturas provinciales continúan debatiendo distintas iniciativas.

¿Por qué se impulsa esta medida? Impacto en el aprendizaje y la convivencia escolar 

La regulación del uso de celulares en las aulas responde a una preocupación creciente por el impacto que los dispositivos tienen sobre la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

La evidencia muestra que la digitalización comienza cada vez a edades más tempranas. Según el operativo Aprender 2024, 6 de cada 10 estudiantes de tercer grado (aproximadamente 8 años) ya cuentan con un celular propio.

A medida que avanzan en su trayectoria escolar, el problema se profundiza. De acuerdo con un análisis de Argentinos por la Educación basado en los resultados de las pruebas PISA, Argentina lidera el ranking de distracción por dispositivos digitales en el aula: el 54% de los estudiantes de 15 años afirma distraerse con celulares u otros dispositivos durante las clases.

En la misma línea, un relevamiento realizado en 2025 por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires muestra que dos de cada tres docentes de primaria (66,4%) y ocho de cada diez docentes de secundaria (85%) consideran que el uso del celular en clase dificulta la atención y la participación de los estudiantes.

Además, las familias identifican nuevos riesgos asociados al uso de dispositivos. Más del 85% considera que los juegos de apuestas en línea representan una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, la regulación del uso de celulares surge como una política educativa y de cuidado, más que como una medida disciplinaria. Su propósito es proteger el tiempo pedagógico, reducir las distracciones y promover un uso responsable de la tecnología, garantizando que el aula siga siendo un espacio centrado en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes.

¿Cómo están respondiendo los colegios? Las 3 estrategias más habituales en las escuelas 

Si bien las estrategias varían según la normativa provincial y el proyecto institucional de cada escuela, existen algunas medidas que se repiten con mayor frecuencia:

1. Almacenamiento de los dispositivos: cofres, mochilas y bolsillos de aula 
Muchos colegios solicitan que los estudiantes dejen sus celulares en lockers o en cajas identificadas al ingresar al aula, retirándolos únicamente al finalizar la jornada o durante los recreos.

2. Celular guardado durante las clases: restricciones en el aula vs. uso en recreos
Otras instituciones permiten que los alumnos lleven el dispositivo, pero exigen que permanezca apagado o guardado en la mochila durante toda la jornada escolar.

3. Uso con fines pedagógicos: excepciones planificadas
En la mayoría de las jurisdicciones se contemplan excepciones cuando el docente requiere el celular para una actividad didáctica específica. También pueden autorizarse casos particulares por motivos de salud u otras situaciones justificadas.

El rol clave de la gestión institucional: guía de acción para equipos directivos

Más allá de la normativa vigente, el éxito de estas medidas depende en gran parte de la gestión institucional. Los equipos directivos son quienes deben traducir la regulación en procedimientos claros, sostenibles y compartidos por toda la comunidad educativa.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Elaborar acuerdos de convivencia y reglamentos internos, definiendo cuándo, cómo y en qué situaciones pueden utilizarse los dispositivos, además de establecer protocolos ante incumplimientos y canales de comunicación con las familias.

Definir criterios pedagógicos junto al cuerpo docente para que la tecnología se utilice únicamente cuando aporte valor al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Construir corresponsabilidad con las familias, comunicando las políticas institucionales y promoviendo hábitos de uso responsable de la tecnología también fuera de la escuela.

En definitiva, la prohibición o restricción del uso de celulares no es únicamente una cuestión disciplinaria. Requiere una gestión coordinada, reglas claras y una comunicación permanente entre directivos, docentes y familias.

Contar con una plataforma de gestión educativa permite acompañar este proceso de manera más ordenada, centralizando las comunicaciones institucionales, facilitando el acceso a reglamentos y acuerdos de convivencia, registrando incidencias cuando sea necesario y asegurando que toda la comunidad educativa disponga de la información actualizada en un único lugar. De esta manera, la tecnología deja de ser parte del problema para convertirse en una herramienta que fortalece la organización y el cumplimiento de las políticas institucionales.